Este año ha llegado cargado de nuevos propósitos en forma de novedades legislativas en materia de residuos.

El arranque ha sido el siguiente…

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, a pesar de que su aprobación y entrada en vigor se produjo en abril del pasado 2022, las mayores repercusiones de éstas llegan con la entrada del nuevo año. Esta ley nace con el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, y, con este mismo fin, nace el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables -otra novedad-. Su aplicación es de ámbito nacional y su destino es fomentar la prevención, preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, gravando, por tanto, la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y la eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración y de coincineración.

Esta normativa da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, planteándose una reducción de la producción de desechos del 13% en el año 2025 y de un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010.

Como hecho a destacar, el texto incorpora la obligación de realizar una transición hacia una economía circular, incluyendo de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico este concepto -cosa que hasta ahora nunca había sucedido en España-. La referencia es clara: hacer uso de esta herramienta para luchar contra el cambio climático y la contaminación.

Seguimos…

De la mano de la anterior ley, el 1 de enero también entra en vigor el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. En él se puede encontrar una completa regulación de la responsabilidad ampliada del productor; el establecimiento de medidas de fomento de la prevención y de la reutilización; y una muy completa regulación de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que no viene a otra cosa que, a completar la norma anterior.

Adentrándonos de forma superficial en el detalle de este texto, el primer punto señalado entre las novedades regladas destaca esa mayor responsabilidad ampliada del productor (RAP) que mencionábamos antes, la cual incluye nuevas exigencias financieras y organizativas. Algunas de ellas son: la obligación directa de los productores de productos envasados, la exigencia de inscribirse en el Registro de Productores de Productos y la obligación de remitir anualmente información a dicho Registro sobre los productos envasados puestos por ellos en el mercado nacional.

¡ATENTOS AL REGISTRO! La ausencia de esta acción está considerada infracción grave a partir del 28 de marzo (fecha límite para su inscripción) que se pagará con multas que van desde:

• 001€ a 100.000€ cuando se trate de residuos no peligrosos.
• De 20.001€ a 600.000€ cuando se trate de residuos no peligrosos.

Respecto a las medidas de fomento de la prevención y de la reutilización, la norma configura estas exigencias con un carácter aspiracional, de manera que, en los aspectos esenciales (como es el caso de los objetivos de reutilización) no implican obligaciones individualizadas sobre personas o empresas concretas.

Y, por último, la norma contempla una regulación muy completa de los sistemas de depósito, devolución y retorno, tanto para los que se deberán implantar obligatoriamente como para los que los envasadores decidan libremente implantar con carácter voluntario. Esto último también supone una novedad del texto normativo.

En un futuro próximo…

Este breve resumen legislativo de inicio de año ha sido solo el principio de lo que está por venir. El legislador europeo sigue desarrollando proyectos de modificación para introducir nuevas exigencias, lo que supone un reto de actualización permanente e incorporación de nuevas prácticas en el sector.

Entre estos proyectos futuros de regulación normativa se encuentran la revisión de la “Directiva Marco de residuos” de 2018; y  la propuesta de revisión de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas que pretende incorporar dos nuevos regímenes de RAP para los medicamentos de uso humanos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/83 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, y para productos cosméticos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos. 

También se encuentra en un avanzado estado de elaboración la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y baterías y sus residuos, que derogará la Directiva actualmente vigente.

Aterrizando en nuestra Comunidad Autónoma, en los próximos meses se aprobará la Ley de Economía Circular de Andalucía, la cual tendrá un gran impacto en la industria del plástico con todo lo que ello supone a nivel económico para sectores tan importantes en nuestra tierra como la automoción, la agroindustria, las artes gráficas o el material sanitario.

Conclusión…

Sin lugar a duda, las empresas tenemos por delante un importante reto en materia de sostenibilidad: desempeñar una escrupulosa responsabilidad en el tratamiento de los residuos; y en esto, el equipo Llopis tenemos mucho que aportar al tejido empresarial andaluz.